San Marcos constituye uno de los territorios más complejos de Guatemala en términos de desarrollo humano, cohesión social y capacidad institucional. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, más del 60 % de su población enfrenta condiciones de pobreza multidimensional, con brechas profundas en acceso a servicios básicos, educación media y empleo formal. A ello se suma una alta exposición a riesgos climáticos y una economía local predominantemente informal, factores que erosionan la sostenibilidad del desarrollo territorial.
En este contexto, el presupuesto público adquiere una dimensión política y jurídica que trasciende lo contable. La reasignación presupuestaria se convierte en un mecanismo estructural para corregir desigualdades históricas y fortalecer capacidades locales. Sin embargo, los esquemas de percepción predominantes tienden a reducir el debate legislativo a negociaciones coyunturales, invisibilizando su potencial transformador. Este artículo propone desarticular esa visión reduccionista mediante un diálogo académico con el escritor, educador y diputado Douglas Rivero Mérida, representante del distrito de San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala.
Desde la Línea de Acción No. 1 —fortalecimiento técnico e institucional para la planificación y reasignación presupuestaria—, se examina cómo la jurisprudencia, las leyes vigentes y las iniciativas parlamentarias permiten articular una agenda legislativa orientada al desarrollo territorial, incorporando a todos los sectores interesados: comunidades, municipalidades, sector productivo, academia y Estado.
Entrevista
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida
Escritor y educador
Entrevista
Pregunta: Desde su experiencia legislativa, ¿cómo se articula el rol del Congreso frente a las desigualdades territoriales de San Marcos?
Douglas Rivero Mérida: El Congreso no puede limitarse a aprobar leyes de alcance general sin considerar el impacto diferenciado en los territorios. San Marcos evidencia que la igualdad formal no garantiza justicia material. Por ello, la legislación debe partir de diagnósticos técnicos y sociales que permitan focalizar reformas normativas y presupuestarias con criterios de equidad territorial, en consonancia con la Constitución y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Pregunta: ¿Qué marco jurídico habilita esta focalización desde el punto de vista legislativo?
Respuesta: Existen varios instrumentos. La Constitución Política reconoce el principio de dignidad humana y el bien común; la Ley Orgánica del Presupuesto faculta al Congreso para modificar y reorientar asignaciones; y la jurisprudencia constitucional ha reiterado que los derechos sociales generan obligaciones progresivas para el Estado. Estos elementos permiten impulsar iniciativas que fortalezcan capacidades locales y garanticen inversión sostenida en territorios con mayores rezagos.
Pregunta: En relación con las iniciativas de ley presentadas, ¿cómo contribuyen al fortalecimiento institucional?
Respuesta: Cada iniciativa responde a un componente estructural. La reforma a la Ley del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Iniciativa 6314) amplía derechos sociales y fortalece cohesión laboral. Las reformas a la Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos (Iniciativa 6199) dignifican el trabajo de quienes responden a emergencias, particularmente relevantes en departamentos vulnerables a riesgos naturales como San Marcos. La reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística (Iniciativa 5917) es clave, porque sin datos confiables no hay planificación ni asignación presupuestaria justa.
Pregunta: ¿Cómo se vincula la producción de datos con el diseño de políticas públicas territoriales?
Respuesta: La información estadística es la base de la racionalidad legislativa. Sin datos desagregados por territorio, edad, género y actividad económica, el Congreso legisla a ciegas. Fortalecer al Instituto Nacional de Estadística permite visualizar realidades invisibilizadas y legitimar reformas presupuestarias diferenciadas, alineadas con necesidades reales.
Pregunta: ¿Qué papel juegan iniciativas como la Ley de Protección de Datos Personales (Iniciativa 5921) en este proceso?
Respuesta: La protección de datos garantiza confianza institucional. En un Estado moderno, la recopilación de información debe ir acompañada de salvaguardas jurídicas. Esto fortalece la gobernanza digital, mejora la calidad de los registros administrativos y protege a la ciudadanía, lo cual es indispensable para cualquier política pública basada en evidencia.
Pregunta: Desde una visión integral, ¿qué actores deben articularse para que estas iniciativas tengan impacto real en San Marcos?
Respuesta: El Congreso es solo un actor. Deben articularse municipalidades, consejos de desarrollo, academia, sector privado, organizaciones comunitarias y entes de control. La ley crea el marco, pero su eficacia depende de una red de corresponsabilidad institucional y social. Sin esta articulación, la norma queda en el plano declarativo.
Pregunta: ¿Cómo se enfrenta la resistencia política a reformas estructurales?
Respuesta: Con legitimidad técnica y social. Cuando una iniciativa se sustenta en datos, jurisprudencia y participación territorial, su discusión trasciende lo partidario. San Marcos necesita leyes que rompan la lógica asistencialista y promuevan desarrollo sostenible; eso exige debate informado y voluntad política.
Conclusión
El análisis de la Línea de Acción No. 1 demuestra que el fortalecimiento institucional y normativo es un requisito indispensable para transformar la realidad territorial de San Marcos. La labor legislativa, cuando se fundamenta en jurisprudencia, evidencia empírica y articulación multisectorial, se convierte en un instrumento de justicia territorial. Las iniciativas impulsadas desde el Congreso muestran que es posible reconfigurar el marco legal para visibilizar territorios históricamente marginados y orientar la inversión pública hacia el desarrollo humano integral. En este sentido, la función del legislador trasciende la producción normativa y se inscribe en la construcción ética y política del Estado.
Referencias
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Iniciativas de ley y procesos legislativos.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002.
- Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97.