San Marcos concentra algunos de los indicadores sociales más desafiantes del occidente guatemalteco. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 65 % de su población vive en condiciones de pobreza, con municipios que superan el 30 % de desnutrición crónica infantil. A ello se suma una economía local altamente informal, limitada inversión pública per cápita y una exposición creciente a riesgos climáticos que erosionan la productividad agrícola.
Estos datos no son únicamente estadísticas: reflejan un patrón estructural donde la planificación municipal y la asignación presupuestaria nacional operan de forma desarticulada. El resultado es un modelo de gasto público reactivo, fragmentado y poco sostenible. En este contexto, la Línea de Acción No. 5 —la vinculación obligatoria entre planificación municipal y asignación presupuestaria— se convierte en un eje estratégico para transformar la lógica legislativa del desarrollo territorial.
Desde el Congreso de la República, actores con arraigo territorial juegan un papel clave en esta articulación. Entre ellos, destaca Douglas Rivero Mérida, escritor, educador y diputado por el distrito de San Marcos en la IX Legislatura, cuya agenda legislativa se ha caracterizado por una lectura integral del derecho público, la política social y la institucionalidad del Estado.
Entrevista
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida
Escritor y educador
Entrevista
Pregunta: Desde su experiencia legislativa, ¿por qué considera central vincular la planificación municipal con el presupuesto nacional?
Douglas Rivero Mérida: Porque el presupuesto es la traducción jurídica de la voluntad política. Si la planificación local no incide en él, las municipalidades quedan reducidas a ejecutoras de decisiones ajenas a su realidad. La Constitución y la Ley de Consejos de Desarrollo establecen un modelo participativo, pero mientras esa planificación no tenga efectos vinculantes sobre la asignación de recursos, el sistema queda incompleto.
Pregunta: ¿Qué fundamentos jurídicos respaldan esta articulación?
Douglas Rivero Mérida: Existen varios. La Constitución reconoce el principio de descentralización y el deber del Estado de promover el desarrollo integral. La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural define a los COMUDES como espacios legítimos de priorización. Además, la Ley Orgánica del Presupuesto permite incorporar criterios de focalización territorial. No se trata de crear nuevas normas, sino de aplicar coherentemente las existentes.
Pregunta: En términos legislativos, ¿cómo puede operativizarse esta vinculación?
Douglas Rivero Mérida: A través de reformas parciales al presupuesto y disposiciones específicas que condicionen ciertas asignaciones a la existencia de planes municipales validados socialmente. También mediante reformas a leyes orgánicas, como la del Instituto Nacional de Estadística, iniciativa 5917, que fortalece la producción de datos confiables para la toma de decisiones territoriales.
Pregunta: ¿Qué actores deben involucrarse para que esta reforma sea efectiva?
Douglas Rivero Mérida: Todos. El Congreso legisla, pero el Ejecutivo ejecuta; las municipalidades planifican; los COMUDES legitiman socialmente; la academia aporta evidencia; y la sociedad civil fiscaliza. Sin esa visión integral, la ley se vuelve letra muerta.
Pregunta: Algunas iniciativas que usted ha respaldado parecen responder a esta lógica de fortalecimiento institucional. ¿Puede explicarlo?
Douglas Rivero Mérida: Claro. Las reformas al Instituto de Recreación de los Trabajadores (iniciativa 6314) buscan modernizar su gestión y ampliar cobertura. Las reformas a la Ley de Bomberos Voluntarios (6199) fortalecen una institución clave para la gestión de riesgos. La iniciativa de protección de datos personales (5921) responde a la necesidad de gobernanza digital. Todas parten de una premisa: sin instituciones sólidas, no hay desarrollo territorial posible.
Pregunta: ¿Cómo se inserta San Marcos en esta visión?
Douglas Rivero Mérida: San Marcos necesita inversión con sentido territorial. No más proyectos aislados. La planificación municipal debe ser el punto de partida del presupuesto, no un anexo decorativo. Eso exige voluntad política, pero también presión social informada.
Pregunta: ¿Qué riesgos observa en este proceso?
Douglas Rivero Mérida: El principal riesgo es la captura política del presupuesto. Por eso insisto en transparencia, indicadores verificables y control social. La ley debe blindar el proceso frente al clientelismo.
Pregunta: Desde su rol como educador y escritor, ¿qué papel juega la cultura política?
Douglas Rivero Mérida: Es fundamental. Mientras la ciudadanía no comprenda que el presupuesto es un derecho colectivo, seguirá viéndose como un favor político. Cambiar esa percepción es tan importante como reformar una ley.
Conclusión
La vinculación entre planificación municipal y asignación presupuestaria no es un tecnicismo administrativo, sino una reforma estructural del modelo de Estado. En San Marcos, donde las brechas territoriales son profundas, esta articulación representa una oportunidad histórica para transformar inversión pública en bienestar sostenible.
La experiencia legislativa de Douglas Rivero Mérida muestra que el derecho puede ser un instrumento de coherencia territorial cuando se articula con datos, participación social y visión ética del poder. El desafío para el Congreso es asumir que legislar sobre presupuesto es legislar sobre dignidad humana, equidad y futuro colectivo.
Referencias
- Congreso de la República de Guatemala. (2002). Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002).
- Congreso de la República de Guatemala. (1997). Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97).
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- PNUD. (2022). Desarrollo humano y gobernanza territorial en Guatemala.