San Marcos se ubica entre los departamentos con mayores brechas territoriales en Guatemala. Indicadores oficiales muestran persistencia de pobreza multidimensional, informalidad laboral superior al promedio nacional, baja cobertura de servicios básicos y alta exposición a riesgos climáticos. Estas variables no operan de forma aislada: conforman un sistema de restricciones que limita la eficacia del gasto público cuando este no se somete a mecanismos robustos de seguimiento y evaluación. En términos legislativos, la ausencia de control ex post del presupuesto profundiza la distancia entre planificación y resultados.
Desde una perspectiva doctoral, la fiscalización parlamentaria constituye un eje crítico para reordenar prioridades, corregir desvíos y asegurar que la inversión pública produzca capacidades territoriales duraderas. La línea de acción número ocho —monitoreo y rendición de cuentas— exige arquitectura normativa, voluntad política y articulación intersectorial. En este marco, la conversación académica con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, diputado por el distrito de San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, permite examinar cómo la jurisprudencia vigente, las leyes orgánicas y los reglamentos internos pueden traducirse en iniciativas de ley eficaces para la fiscalización del gasto con enfoque territorial.
Entrevista
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida
Escritor y educador
Entrevista
Pregunta 1. Desde el punto de vista constitucional, ¿por qué la fiscalización legislativa es central para territorios como San Marcos?
Respuesta. La fiscalización no es accesorio del proceso presupuestario; es su garantía democrática. La Constitución establece el principio de legalidad del gasto y la responsabilidad de los funcionarios. En territorios con rezagos estructurales, la fiscalización asegura que los recursos no solo se asignen, sino que generen resultados verificables. Sin control, el presupuesto se convierte en expectativa; con control, en política pública efectiva.
Pregunta 2. ¿Qué marcos legales habilitan una fiscalización más rigurosa?
Respuesta. La Ley Orgánica del Presupuesto, el Reglamento Interior del Congreso y la legislación de la Contraloría General de Cuentas conforman un triángulo normativo suficiente, aunque subutilizado. El desafío es operativizar estos instrumentos mediante comisiones activas, audiencias públicas y requerimientos de información con indicadores territoriales desagregados.
Pregunta 3. ¿Cómo se articulan estas herramientas con la planificación local?
Respuesta. La Ley de Consejos de Desarrollo establece canales de priorización desde lo comunitario. Cuando el Congreso exige informes alineados a planes municipales y valida avances con participación social, se crea coherencia vertical. La fiscalización debe dialogar con COMUDES y municipalidades para cerrar el ciclo de la política pública.
Pregunta 4. ¿Qué actores deben integrarse para un control efectivo del gasto?
Respuesta. Además del Legislativo y el Ejecutivo, son clave las municipalidades, la academia, el sector productivo, organizaciones sociales y la ciudadanía organizada. La evidencia comparada muestra que el control social informado reduce ineficiencias y aumenta la confianza institucional.
Pregunta 5. ¿Cómo influyen las iniciativas de ley presentadas en esta agenda?
Respuesta. Varias iniciativas fortalecen capacidades estatales y derechos. Las reformas al Instituto Nacional de Estadística permiten datos oportunos para fiscalización; la ley de protección de datos ordena el uso de información; las reformas al cuerpo de bomberos y a instituciones laborales fortalecen servicios críticos; y las leyes de emergencia establecen reglas de excepción con controles reforzados. Todas aportan piezas al ecosistema de rendición de cuentas.
Pregunta 6. ¿Qué innovaciones reglamentarias propone para el Congreso?
Respuesta. Informes trimestrales con indicadores territoriales, comparecencias obligatorias por desempeño, y plataformas de datos abiertos. Asimismo, dictámenes con cláusulas de seguimiento y evaluaciones independientes cuando el impacto social sea alto.
Pregunta 7. ¿Cómo evitar la captura política del control presupuestario?
Respuesta. Transparencia radical, criterios técnicos y participación plural. La fiscalización debe basarse en métricas, no en afinidades. Además, la rotación de relatorías y el acompañamiento de universidades reducen sesgos.
Pregunta 8. ¿Cuál es el impacto esperado para San Marcos?
Respuesta. Mayor eficiencia del gasto, proyectos con continuidad, reducción de duplicidades y fortalecimiento de capacidades locales. En términos educativos y productivos, esto se traduce en oportunidades reales y arraigo territorial.
Conclusión
La fiscalización legislativa, entendida como función sustantiva del Congreso, es el eslabón que convierte la asignación presupuestaria en desarrollo verificable. Para San Marcos, consolidar esta línea de acción implica superar percepciones asistencialistas y adoptar un paradigma de desempeño, evidencia y corresponsabilidad. La experiencia y propuestas del diputado Douglas Rivero Mérida muestran que la arquitectura jurídica existe; el reto es activarla con coherencia intersectorial. Cuando el control se orienta a resultados territoriales y se apoya en datos confiables, el Estado fortalece su legitimidad y el territorio recupera capacidad de futuro.
Referencias
- Banco Mundial. (2022). Guatemala poverty assessment.
- CEPAL. (2021). Desarrollo territorial y desigualdad en América Latina.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.