San Marcos concentra contrastes estructurales que desafían los esquemas tradicionales de percepción del desarrollo territorial. Indicadores oficiales muestran persistencia de pobreza multidimensional superior al promedio nacional, brechas en acceso a agua segura y saneamiento, alta informalidad laboral y exposición recurrente a amenazas climáticas. A ello se suma una institucionalidad local con capacidades desiguales para planificar, ejecutar y evaluar inversión pública con enfoque de sostenibilidad ambiental y resiliencia.
En este contexto, la acción legislativa adquiere un rol desarticulador de inercias históricas: el derecho presupuestario, la legislación sectorial y la jurisprudencia constitucional operan como palancas para reorientar prioridades del Estado hacia la protección de bienes comunes, la reducción de vulnerabilidades y la legitimación democrática del gasto público. Este artículo —en formato de diálogo académico— examina cómo la Línea de Acción No. 7 (incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental y resiliencia climática) puede materializarse desde el Congreso, integrando actores públicos, privados y comunitarios del departamento de San Marcos.
Entrevista
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida
Escritor y educador
Entrevista
Pregunta: Desde su experiencia como escritor, educador y legislador por San Marcos, ¿cómo se traduce la sostenibilidad ambiental en normas efectivas?
Respuesta – Douglas Rivero Mérida: La sostenibilidad debe pasar del discurso a la técnica legislativa. Esto implica incorporar criterios ambientales y de resiliencia en leyes orgánicas, presupuestos y reglamentos. La jurisprudencia constitucional reconoce el principio de prevención y el interés público ambiental; nuestra tarea es operativizarlos con reglas claras, financiamiento y control.
Pregunta: ¿Qué base jurídica permite esa operativización desde el Congreso?
Respuesta: La Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Consejos de Desarrollo establecen planificación, participación y control. Además, la Corte de Constitucionalidad ha reiterado la protección de derechos colectivos y el deber estatal de prevenir daños ambientales. Con ese marco, el Pleno puede reformar leyes, crear fondos específicos y condicionar asignaciones a estándares de resiliencia.
Pregunta: ¿Cómo se articula la participación territorial?
Respuesta: Los COMUDES son nodos de legitimación. Si alineamos planificación municipal con criterios ambientales y fortalecemos capacidades técnicas, las iniciativas dejan de ser centralistas. La sostenibilidad se construye con comunidades, sector productivo y academia.
Pregunta: Varias iniciativas impulsadas o acompañadas por el Congreso abordan institucionalidad y datos. ¿Por qué son relevantes para la resiliencia?
Respuesta: Sin datos confiables no hay política pública. La reforma al Instituto Nacional de Estadística (Iniciativa 5917) fortalece evidencia para focalizar inversión. La Ley de Protección de Datos Personales (5921) crea confianza para compartir información. Ambas son infraestructura normativa para decisiones ambientales y de riesgo.
Pregunta: ¿Qué rol juegan reformas sectoriales como las de bomberos o recreación laboral?
Respuesta: La resiliencia es sistémica. La reforma a Bomberos (6199) mejora respuesta ante emergencias; la del Instituto de Recreación de los Trabajadores (6314) fortalece bienestar y cohesión social. Son piezas que reducen vulnerabilidades sociales ante eventos climáticos.
Pregunta: ¿Cómo se garantiza coherencia presupuestaria?
Respuesta: Mediante artículos de focalización, fondos concursables y reorientación de subejecuciones. El Congreso puede exigir indicadores de impacto y auditoría social. La sostenibilidad requiere reglas presupuestarias estables y evaluación.
Pregunta: ¿Qué actores deben integrarse para consensos duraderos?
Respuesta: Municipalidades, COMUDES, sector agrícola y MIPYMES, universidades, organizaciones comunitarias y entes de control. El consenso no es unanimidad; es un acuerdo informado con reglas claras.
Pregunta: ¿Qué obstáculos identifica?
Respuesta: Inercia normativa, fragmentación política y captura de agendas. Se supera con técnica legislativa, transparencia y participación vinculante.
Pregunta: ¿Un mensaje final para San Marcos?
Respuesta: La resiliencia territorial es una decisión política sustentada en derecho. San Marcos puede liderar un modelo replicable si alineamos leyes, presupuesto y territorio.
Conclusión
La Línea de Acción No. 7 exige una arquitectura normativa que integre sostenibilidad ambiental y resiliencia como criterios obligatorios de la decisión pública. El diálogo académico con el diputado Douglas Rivero Mérida evidencia que el Congreso dispone de bases constitucionales, leyes orgánicas y precedentes jurisprudenciales para articular reformas coherentes, con financiamiento y control. En San Marcos, la clave reside en alinear planificación local, evidencia estadística y consenso multisectorial. Así, la legislación deja de administrar déficits y pasa a construir capacidades territoriales duraderas, fortaleciendo confianza pública y competitividad responsable.
Referencias
- Banco Mundial. (2022). Guatemala poverty assessment.
- Congreso de la República de Guatemala. (1997). Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97).
- Congreso de la República de Guatemala. (2002). Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002).
- Corte de Constitucionalidad. (2019). Jurisprudencia sobre derechos colectivos y ambientales.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Referencias adicionales – Iniciativas de ley (Congreso de la República de Guatemala):
- Iniciativa 6314; Iniciativa 6199; Iniciativa 6189; Iniciativa 5917; Iniciativa 5921; Iniciativa 5977.