San Marcos concentra brechas territoriales persistentes que desafían la eficacia del gasto público y la coherencia normativa. Indicadores oficiales muestran rezagos en pobreza multidimensional, acceso a servicios básicos, empleo formal y exposición a riesgos climáticos. Estas variables no actúan aisladamente: conforman un sistema de restricciones que limita la movilidad social y erosiona la confianza institucional. En este escenario, la línea de acción orientada a fondos concursables territoriales —capaces de canalizar inversión hacia proyectos municipales técnicamente priorizados— emerge como un instrumento de corrección estructural. Sin embargo, su viabilidad depende de una arquitectura legal precisa, reglas de asignación transparentes y control social efectivo.
Desde una lectura doctoral, el presupuesto es una norma material: define qué derechos se vuelven operativos. La reasignación inteligente exige jurisprudencia habilitante, datos confiables y coordinación multinivel. Para profundizar en esta articulación, se presenta un diálogo académico con Douglas Rivero Mérida, escritor y educador, diputado por el Distrito de San Marcos en la IX Legislatura, sobre cómo el Congreso puede traducir demandas territoriales en instrumentos legales eficaces, integrando sectores productivos, gobiernos locales, academia y sociedad civil.
Entrevista
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida
Escritor y educador
Entrevista
Pregunta 1. ¿Qué fundamento jurídico permite impulsar fondos concursables territoriales desde el Congreso?
Respuesta. El fundamento surge de la potestad legislativa para regular el presupuesto y crear mecanismos de asignación con criterios objetivos. La Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Consejos de Desarrollo habilitan esquemas donde la inversión se prioriza por evidencia territorial, planificación municipal y control social. La clave es normar reglas claras de elegibilidad, evaluación técnica y seguimiento.
Pregunta 2. ¿Cómo evitar que estos fondos reproduzcan prácticas clientelares?
Respuesta. Blindando el diseño: criterios públicos, matrices de evaluación, plazos perentorios y publicación de resultados. Además, la Contraloría y la auditoría social deben integrarse desde el inicio. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la discrecionalidad sin controles vulnera igualdad y legalidad; por ello, la norma debe reducir espacios opacos.
Pregunta 3. ¿Qué rol juegan los COMUDES en la priorización?
Respuesta. Son el puente entre demanda comunitaria y planificación municipal. La ley los concibe como espacios de concertación; si los fondos concursables exigen aval técnico del COMUDE y coherencia con planes municipales, se fortalece la legitimidad y se alinea la inversión con necesidades reales.
Pregunta 4. ¿Cómo integrar datos estadísticos para decisiones más precisas?
Respuesta. La reforma a la ley del ente estadístico es estratégica. Contar con indicadores desagregados permite focalizar recursos donde el impacto marginal es mayor. Sin datos, el presupuesto se asigna por inercia; con datos, se asigna por justicia territorial.
Pregunta 5. Varias iniciativas de ley presentadas inciden en esta agenda. ¿Cómo se articulan?
Respuesta. Las reformas al instituto de recreación de trabajadores fortalecen bienestar laboral; la del cuerpo de bomberos reconoce riesgo y patrimonio; la ley de datos personales crea confianza digital; la de emergencia sanitaria mostró la necesidad de marcos ágiles; y la reforma estadística mejora evidencia. Todas convergen en capacidad estatal para ejecutar mejor y con transparencia.
Pregunta 6. ¿Qué sectores deben participar para asegurar impacto?
Respuesta. Municipalidades, sector productivo local, cooperativas, academia, organizaciones comunitarias y cooperación internacional. La ley debe prever mesas técnicas territoriales para co-diseñar proyectos y evaluar resultados. La gobernanza es intersectorial o no es gobernanza.
Pregunta 7. ¿Cómo se traduce esto en reasignación presupuestaria concreta?
Respuesta. Mediante artículos específicos que destinen porcentajes del gasto social a fondos concursables territoriales, reorientando subejecuciones y priorizando proyectos con retorno social medible. El Pleno puede aprobar reformas parciales con criterios de vulnerabilidad y desempeño.
Pregunta 8. ¿Qué salvaguardas jurídicas recomienda?
Respuesta. Indicadores de impacto, cláusulas de reversión por incumplimiento, publicación de contratos y evaluación ex post. La transparencia no es accesorio; es condición de eficacia.
Conclusión
La experiencia comparada demuestra que los territorios avanzan cuando el derecho presupuestario se alinea con planificación y datos. En San Marcos, los fondos concursables territoriales representan una palanca para transformar desigualdades en capacidades, siempre que el Congreso diseñe normas con controles, participación y enfoque territorial. La convergencia de iniciativas legislativas recientes ofrece una oportunidad para robustecer la arquitectura institucional, fortalecer gobiernos locales y generar confianza. El desafío es convertir la voluntad política en reglas operativas que produzcan resultados verificables y sostenibles.
Referencias
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
- Congreso de la República de Guatemala. (2002). Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002).
- Congreso de la República de Guatemala. (1997). Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97).
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Referencias legislativas adicionales (iniciativas): Iniciativa 6314; Iniciativa 6199; Iniciativa 6189; Iniciativa 5917; Iniciativa 5921; Iniciativa 5977.