El departamento de San Marcos concentra algunos de los indicadores más persistentes de exclusión territorial en Guatemala. Datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que más del 60 % de su población enfrenta pobreza multidimensional, con déficits acumulados en acceso a servicios básicos, institucionalidad local y oportunidades productivas. Esta realidad no responde únicamente a carencias presupuestarias, sino a una débil articulación entre normas, actores y mecanismos de participación ciudadana.
En el plano legislativo, el reto central consiste en superar esquemas tradicionales de percepción que conciben la ley como instrumento reactivo, para asumirla como arquitectura estratégica del desarrollo humano integral. La línea de acción número seis —fortalecimiento financiero e institucional de instancias de participación y control social— se vuelve clave en este proceso. En este contexto, la voz del escritor, educador y diputado Douglas Rivero Mérida, representante del distrito de San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, permite analizar cómo la jurisprudencia, las leyes y los reglamentos pueden articular iniciativas legislativas con impacto real en el territorio.
Entrevista
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida
Escritor y educador
Entrevista
Pregunta: Desde su experiencia legislativa, ¿cómo entiende el fortalecimiento de la participación y el control social como eje del desarrollo territorial?
Respuesta: La participación ciudadana no puede reducirse a un acto consultivo. La Constitución y la Ley de Consejos de Desarrollo establecen un mandato claro: la ciudadanía es sujeto activo de la planificación y fiscalización del desarrollo. Cuando el Congreso legisla sin fortalecer estos espacios, reproduce asimetrías históricas. En San Marcos, los Consejos Municipales de Desarrollo deben contar con respaldo normativo, recursos y reconocimiento político para incidir en decisiones estratégicas.
Pregunta: ¿Qué papel juega la jurisprudencia en esta articulación?
Respuesta: La jurisprudencia constitucional ha reiterado que los derechos sociales y colectivos son exigibles. Fallos de la Corte de Constitucionalidad han subrayado la obligación estatal de garantizar condiciones mínimas de dignidad y participación. Esto implica que el presupuesto, la información pública y los mecanismos de control deben diseñarse bajo el principio de corresponsabilidad democrática. La ley no es neutra; orienta conductas y prioridades.
Pregunta: Varias iniciativas de ley impulsadas en el Congreso abordan dimensiones institucionales clave. ¿Cómo se vinculan con esta línea de acción?
Respuesta: Las iniciativas presentadas responden a una visión sistémica. Por ejemplo, la reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística (Iniciativa 5917) busca fortalecer la producción de datos confiables. Sin información robusta, la participación se vuelve simbólica. De igual forma, la Ley de Protección de Datos Personales (Iniciativa 5921) garantiza confianza ciudadana, condición indispensable para el control social y la transparencia.
Pregunta: ¿Qué relevancia tienen reformas como la del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos?
Respuesta: La iniciativa 6199 reconoce que las instituciones de servicio público requieren condiciones dignas para cumplir su función. El bono de riesgo y la modernización patrimonial no son privilegios, sino herramientas para fortalecer capacidades locales de respuesta ante emergencias. Esto incide directamente en cohesión social y legitimidad institucional.
Pregunta: ¿Cómo se articula la dimensión ética y humanista en propuestas legislativas como la del recurso de gracia o indulto?
Respuesta: La Iniciativa 6189 refleja una visión humanista del derecho penal. Aunque no es territorial en sentido estricto, fortalece el Estado de derecho y la confianza en la justicia. La institucionalidad sólida se construye también desde el respeto a la vida y la dignidad humana, principios transversales a cualquier agenda de desarrollo.
Pregunta: En contextos de crisis, ¿qué aprendizajes dejó la legislación de emergencia sanitaria?
Respuesta: La Ley de Emergencia Nacional por la pandemia (Iniciativa 5977) evidenció que la coordinación interinstitucional y la participación social son determinantes. Donde hubo diálogo y control ciudadano, la respuesta fue más eficaz. Esto refuerza la necesidad de institucionalizar estos mecanismos más allá de coyunturas excepcionales.
Pregunta: ¿Qué actores deben involucrarse para que estas normas tengan impacto real en San Marcos?
Respuesta: Todos. Municipalidades, consejos de desarrollo, academia, sector productivo, organizaciones comunitarias y cooperación internacional. La ley debe ser un punto de convergencia, no de imposición. Desde el Congreso, nuestra responsabilidad es crear marcos habilitantes que permitan esa articulación multisectorial.
Conclusión
El análisis de la línea de acción orientada al fortalecimiento institucional y del control social demuestra que el desarrollo territorial no depende exclusivamente de recursos financieros, sino de la calidad normativa y de la interacción entre actores. En San Marcos, la acción legislativa con enfoque participativo permite reconfigurar el rol de la ciudadanía como coproductora de políticas públicas. La experiencia legislativa analizada evidencia que leyes, reglamentos y jurisprudencia pueden convertirse en catalizadores de gobernanza democrática, siempre que se conciban como instrumentos vivos al servicio del bien común y no como fines en sí mismos.
Referencias APA
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Iniciativas de ley presentadas en la IX Legislatura.
- Corte de Constitucionalidad de Guatemala. (2019). Jurisprudencia constitucional sobre derechos sociales y participación ciudadana.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales: San Marcos.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022). Gobernanza democrática y desarrollo territorial en Guatemala.