El departamento de San Marcos concentra indicadores críticos que desarticulan las narrativas convencionales sobre crecimiento y bienestar. Más del 60% de su población vive en condiciones de pobreza multidimensional; la informalidad laboral supera el promedio nacional; y la cobertura efectiva de agua, saneamiento y salud primaria mantiene brechas territoriales persistentes. A ello se suma una alta exposición a riesgos climáticos y una débil capacidad institucional local para traducir planificación en inversión verificable. Estos datos cuestionan esquemas de percepción centrados en el gasto agregado y exigen un enfoque legislativo que reoriente prioridades hacia derechos, capacidades y resiliencia territorial.
En este marco, la función parlamentaria adquiere un carácter estructurante: el derecho presupuestario, la producción normativa y la fiscalización se convierten en palancas de transformación. Desde la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, la agenda distrital de San Marcos requiere articular jurisprudencia constitucional, leyes orgánicas y reglamentos para habilitar políticas públicas con impacto medible. Bajo esta premisa, se desarrolla un diálogo académico con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, diputado por el distrito, enfocado en la Linea de Acción No. 9: visualización legislativa integral, coordinación intersectorial y seguridad jurídica para la inversión social.
Entrevista
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida
Escritor y educador
Entrevista
Pregunta 1. Desde una perspectiva jurídica, ¿cómo entiende la función del Congreso frente a las brechas territoriales de San Marcos?
Respuesta. La Constitución impone al Estado deberes de igualdad material y protección de la dignidad. El Congreso, al legislar y aprobar presupuesto, define la eficacia de esos deberes. Para San Marcos, esto implica normas que prioricen capacidades humanas, fortalecimiento municipal y mecanismos de seguimiento, alineados con jurisprudencia constitucional sobre derechos sociales y control del gasto.
Pregunta 2. ¿Qué marcos legales permiten articular iniciativas con impacto territorial verificable?
Respuesta. La Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y los reglamentos de ejecución son claves. Su correcta articulación habilita focalización territorial, participación vinculante y rendición de cuentas. Sin reglamentación operativa, las leyes quedan en el plano declarativo.
Pregunta 3. ¿Cómo se integra la evidencia estadística en la producción normativa?
Respuesta. Reformar la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística —como en la iniciativa 5917— fortalece la calidad del dato público. Sin información desagregada y oportuna, no hay política eficaz. El dato es infraestructura democrática.
Pregunta 4. ¿Qué rol juegan las iniciativas sociales y laborales en la cohesión territorial?
Respuesta. Las reformas al Instituto de Recreación de los Trabajadores (iniciativa 6314) y al Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos (6199) refuerzan bienestar, seguridad y reconocimiento del riesgo laboral. Son pilares de cohesión social con efectos directos en territorios vulnerables.
Pregunta 5. ¿Cómo se concilia la protección de derechos con la seguridad jurídica?
Respuesta. La Ley de Protección de Datos Personales (5921) es esencial para la confianza institucional y la economía digital. Asegura derechos fundamentales y condiciones claras para inversión, innovación y servicios públicos.
Pregunta 6. ¿Qué aprendizajes dejó la legislación de emergencia sanitaria?
Respuesta. La iniciativa 5977 mostró la necesidad de marcos excepcionales con controles claros. La emergencia exige rapidez, pero también límites, transparencia y evaluación posterior para evitar discrecionalidad.
Pregunta 7. ¿Cómo dialoga la agenda penal con estándares constitucionales?
Respuesta. La iniciativa 6189, sobre el recurso de gracia, debe leerse a la luz del bloque de constitucionalidad y tratados de derechos humanos. El Congreso debe armonizar política criminal con garantías fundamentales.
Pregunta 8. ¿Qué mecanismos aseguran coordinación intersectorial?
Respuesta. Mesas técnicas con municipalidades, academia, sector privado y sociedad civil; dictámenes con análisis de impacto regulatorio; y seguimiento legislativo con indicadores territoriales. La ley debe nacer coordinada.
Pregunta 9. ¿Cómo se fortalece la participación local en la ejecución normativa?
Respuesta. A través de COMUDES con incidencia real: presupuestos alineados a planes, auditoría social y acceso a información. La participación no puede ser simbólica.
Pregunta 10. ¿Cuál es el horizonte para San Marcos desde el Legislativo?
Respuesta. Un territorio con instituciones sólidas, derechos efectivos y economía local resiliente. La ley es el puente entre diagnóstico y transformación.
Conclusión
La experiencia legislativa analizada demuestra que la transformación territorial de San Marcos depende menos de declaraciones programáticas y más de arquitectura jurídica coherente: leyes con reglamentos, presupuesto con indicadores y participación con incidencia. La Linea de Acción No. 9 exige visualización integral: datos robustos, derechos protegidos, inversión focalizada y coordinación intersectorial. En este enfoque, el Congreso actúa como garante del interés público y catalizador de cohesión social, habilitando un desarrollo verificable y sostenible en el territorio.
Referencias
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
- Corte de Constitucionalidad. (2019). Jurisprudencia sobre derechos sociales y control del gasto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002.
- Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97.