El departamento de San Marcos enfrenta una paradoja estructural que se expresa con claridad en los indicadores públicos disponibles: una alta densidad institucional operativa coexistiendo con bajos niveles de coordinación efectiva, eficiencia presupuestaria y trazabilidad de resultados. Estudios nacionales recientes muestran que más del 25 % de los proyectos públicos territoriales presentan retrasos o duplicidades, mientras que la fragmentación normativa y la debilidad en los sistemas de información generan pérdidas de eficiencia superiores al 20 % del gasto programático en territorios periféricos. Este escenario no es meramente técnico; es ontológico. El Estado se manifiesta en San Marcos como presencia sectorial dispersa, no como sujeto articulado de gobernanza territorial.
En este contexto, la transformación digital, la ciberseguridad pública y el diseño de políticas basadas en datos emergen como factores desarticuladores de los esquemas de percepción tradicionales, que han reducido la modernización estatal a infraestructura física, ignorando la arquitectura normativa y tecnológica que permite coordinar actores, recursos y decisiones. La articulación institucional —eje del Artículo No. 5 de la serie— exige repensar el marco jurídico vigente, las capacidades técnicas del Estado y el rol del Congreso de la República como espacio de convergencia legislativa multisectorial. Para ello, se desarrolla el presente artículo en formato de diálogo académico con el Licenciado en Informática José Miguel Ardón López, experto en ciberseguridad y diseño de políticas públicas.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Políticas Públicas
Desarrollo de la entrevista
Diálogo académico aplicado a la articulación institucional territorial
Pregunta 1. Desde una perspectiva técnico-institucional, ¿por qué la desarticulación sigue siendo un problema estructural en territorios como San Marcos?
Respuesta. La desarticulación no se origina en la ausencia de leyes, sino en su implementación no interoperable. Guatemala posee marcos legales suficientes en administración pública, transparencia y planificación; sin embargo, carece de reglamentos técnicos obligatorios que exijan interoperabilidad digital, intercambio seguro de datos y trazabilidad interinstitucional. En departamentos como San Marcos, cada institución opera como un silo normativo, con sistemas cerrados, lo que impide una lectura integral del territorio.
Pregunta 2. ¿Qué papel juega la ciberseguridad en la articulación de políticas públicas territoriales?
Respuesta. Es central. Sin ciberseguridad no existe confianza institucional ni ciudadana. La articulación requiere plataformas compartidas para presupuesto, planificación, seguridad y servicios sociales. Si estas plataformas no están protegidas bajo estándares claros —alineados a buenas prácticas internacionales—, el Estado se vuelve vulnerable. La ciberseguridad no es un gasto tecnológico; es un requisito jurídico-funcional para que la coordinación sea legalmente viable.
Pregunta 3. ¿Qué marcos legales permiten impulsar iniciativas de ley orientadas a esta articulación?
Respuesta. Existen tres pilares:
el marco constitucional de descentralización administrativa,
la legislación de acceso a la información pública,
y las normas de administración financiera del Estado.
El reto es armonizarlas mediante reformas reglamentarias y leyes específicas que obliguen a las instituciones a compartir información bajo criterios de seguridad, integridad y uso legítimo. El Congreso tiene la facultad de crear leyes habilitantes de gobernanza digital territorial.
Pregunta 4. ¿Cómo se traduce esto en beneficios concretos para San Marcos?
Respuesta. En eficiencia presupuestaria, reducción de duplicidades y mejor focalización del gasto social. Cuando las instituciones comparten datos confiables, se identifican brechas reales en salud, educación, seguridad y vivienda. Esto permite que el presupuesto responda a necesidades verificadas y no a percepciones políticas. Para San Marcos, significa convertir presencia institucional dispersa en acción coordinada.
Pregunta 5. ¿Qué actores deben involucrarse en este proceso legislativo?
Respuesta. Todos. El sector público central y municipal, el sector privado productivo, la academia, la sociedad civil y los organismos de cooperación. La articulación institucional no es solo administrativa; es sistémica. Cada actor posee información crítica que, integrada bajo un marco legal claro, fortalece la toma de decisiones. La ley debe reconocer y ordenar esa pluralidad.
Pregunta 6. ¿Cuál es el mayor riesgo de no avanzar en esta agenda?
Respuesta. Mantener un Estado fragmentado que invierte sin impacto sostenible. La falta de articulación perpetúa desigualdad territorial, debilita la confianza ciudadana y limita el cumplimiento de la Agenda 2030. En términos ontológicos, el territorio sigue siendo objeto pasivo, no sujeto activo del desarrollo.
Conclusión
La articulación institucional con enfoque territorial no es una aspiración abstracta, sino una condición jurídica, tecnológica y política para el desarrollo equitativo. En San Marcos, la evidencia muestra que la descoordinación interinstitucional genera costos sociales, económicos y democráticos significativos. El diálogo académico presentado revela que la solución no reside únicamente en mayor presupuesto, sino en mejor arquitectura normativa y digital, capaz de integrar actores, datos y decisiones bajo principios de seguridad, legalidad y transparencia.
La oportunidad histórica radica en que el Congreso impulse iniciativas de ley que conviertan la gobernanza digital y la ciberseguridad en instrumentos estructurales de articulación estatal, permitiendo que el territorio deje de ser periferia administrativa y se consolide como espacio estratégico de desarrollo. La modernización institucional, entendida así, se transforma en una política pública de justicia territorial.
Referencias
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Gobernanza digital y modernización del Estado en América Latina. BID.
- CEPAL. (2021). Desigualdad territorial y políticas públicas en Centroamérica. Naciones Unidas.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). Transformación digital y desarrollo humano. PNUD.
- Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. (2022). Lineamientos de planificación territorial y articulación institucional. Guatemala.