En San Marcos, los desafíos de gobernanza pública no se explican únicamente por brechas presupuestarias o desigualdad territorial, sino también por una asimetría estructural en capacidades digitales, normativas y de articulación institucional. Indicadores regionales señalan que más del 60 % de las municipalidades en Guatemala carecen de políticas formales de ciberseguridad, y que cerca del 70 % de los procesos administrativos subnacionales no cuentan con esquemas de interoperabilidad digital, lo que incrementa riesgos de corrupción, ineficiencia y pérdida de recursos públicos. Estas cifras desarticulan la percepción tradicional de que la transformación digital es un lujo tecnológico y la reposicionan como condición ontológica del Estado contemporáneo.
En un contexto donde la descentralización fiscal y la autonomía municipal demandan mayores niveles de control, transparencia y confianza institucional, la ciberseguridad y el diseño de políticas públicas digitales se convierten en ejes estratégicos para habilitar reformas legislativas efectivas. Bajo esta premisa, se desarrolla el presente artículo en forma de diálogo académico con José Miguel Ardón López, licenciado en Informática, experto en ciberseguridad y diseño de políticas públicas, con el objetivo de analizar la jurisprudencia aplicable, los marcos legales vigentes y las oportunidades normativas que permitirían articular iniciativas de ley en el Congreso de la República, orientadas a fortalecer la gobernanza territorial en San Marcos.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Políticas Públicas
Desarrollo de la entrevista
Pregunta 1. Desde su experiencia, ¿por qué la ciberseguridad debe considerarse un componente central de las reformas territoriales?
Respuesta. La ciberseguridad no es un tema técnico aislado; es un instrumento de garantía de derechos y de eficacia estatal. En territorios como San Marcos, donde la capacidad administrativa es limitada, la digitalización sin seguridad incrementa la vulnerabilidad institucional. Ontológicamente, un Estado que no protege su información no puede ejercer autoridad legítima ni asegurar transparencia. Por ello, cualquier reforma territorial debe integrar la seguridad digital como pilar estructural.
Pregunta 2. ¿Qué marcos jurídicos actuales permiten avanzar en esta articulación?
Respuesta. Guatemala cuenta con bases normativas relevantes: la Constitución, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley de Acceso a la Información Pública y reglamentos administrativos que habilitan la gestión digital. Sin embargo, estas normas no dialogan entre sí desde una lógica territorial. El desafío legislativo es armonizarlas y crear disposiciones específicas que reconozcan la ciberseguridad como función esencial del Estado, especialmente en el ámbito municipal y departamental.
Pregunta 3. ¿Cómo se relaciona esto con la autonomía municipal y la descentralización fiscal?
Respuesta. La autonomía sin capacidad tecnológica es una autonomía formal, no real. Cuando las municipalidades reciben mayores recursos sin sistemas seguros de gestión, se incrementa el riesgo de malversación y captura institucional. La legislación debe vincular transferencias presupuestarias con estándares mínimos de gobernanza digital, asegurando que la descentralización fortalezca —y no debilite— al Estado.
Pregunta 4. ¿Qué actores deberían participar en la construcción de estas iniciativas de ley?
Respuesta. El enfoque debe ser integral. Participan el Congreso, los ministerios rectores, las municipalidades, el sector académico, el sector privado tecnológico y la sociedad civil. Cada actor cumple una función: el legislador define el marco, el Ejecutivo implementa, los municipios operan y la academia evalúa. La exclusión de alguno genera fallas sistémicas en la política pública.
Pregunta 5. ¿Qué impacto tendría esto en la calidad de vida de la población?
Respuesta. Directo y medible. Sistemas seguros permiten mejor recaudación local, servicios más eficientes, reducción de corrupción y mayor confianza ciudadana. En San Marcos, esto se traduce en más recursos efectivos para salud, educación e infraestructura. La ciberseguridad es, en última instancia, una política social indirecta.
Pregunta 6. ¿Qué reformas legislativas concretas serían prioritarias?
Respuesta. Primero, una ley marco de gobernanza digital y ciberseguridad pública con enfoque territorial. Segundo, reglamentos que obliguen a estándares mínimos en municipios. Tercero, incentivos presupuestarios vinculados al cumplimiento digital. Estas reformas permitirían que San Marcos se convierta en modelo piloto nacional, replicable en otros departamentos.
Conclusión
El diálogo con José Miguel Ardón López evidencia que las brechas territoriales en San Marcos no solo son presupuestarias o históricas, sino también digitales y normativas. La ausencia de un marco legislativo que articule ciberseguridad, descentralización y gobernanza territorial limita la efectividad de cualquier reforma estructural. Desde una perspectiva doctoral, la transformación del Estado pasa por reconocer que la infraestructura digital segura es hoy tan esencial como la infraestructura física. Integrar esta visión en la agenda legislativa permitiría avanzar hacia un equilibrio interdepartamental real, fortalecer la institucionalidad local y reconfigurar la relación entre Estado y territorio en Guatemala.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Gobernanza digital y seguridad de la información en América Latina.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). Estado, transformación digital y desarrollo territorial.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). Ciberseguridad y confianza institucional en el sector público.
República de Guatemala. (2008). Ley de Acceso a la Información Pública. Diario de Centro América.