En el departamento de San Marcos, la brecha entre capacidades institucionales y demandas sociales se manifiesta con especial crudeza en el ámbito de la gestión pública digital, la transparencia y la protección de datos. Indicadores nacionales muestran que menos del 40% de las municipalidades guatemaltecas cuentan con sistemas integrados de información interoperables; adicionalmente, los índices de ejecución presupuestaria con trazabilidad digital verificable permanecen por debajo del promedio regional. Esta debilidad no es tecnológica en sentido estricto, sino institucional y normativa: ausencia de estándares, dispersión de competencias y marcos legales fragmentados que impiden articular políticas públicas basadas en evidencia.
En territorios fronterizos y productivos como San Marcos, estas carencias operan como desarticuladores de percepción: se asume que la falta de resultados deriva de capacidades locales limitadas, cuando el núcleo del problema reside en la arquitectura legal y procedimental del Estado. En este contexto, el Artículo No. 9 propone un diálogo académico con José Miguel Ardón López, licenciado en Informática, experto en ciberseguridad y diseño de políticas públicas, para examinar cómo la jurisprudencia aplicable y los reglamentos vigentes pueden habilitar —o bloquear— iniciativas de ley en el Congreso de la República de Guatemala orientadas a la visualización, evaluación y control territorial de la acción pública.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Políticas Públicas
Desarrollo de la entrevista
Diálogo académico aplicado a la articulación de digitalizar con seguridad y reglas claras en San Marcos
Pregunta 1. Desde una perspectiva de políticas públicas, ¿por qué la digitalización es un eje estructural para San Marcos?
Respuesta (J. M. Ardón): Porque la digitalización redefine la ontología del Estado territorial. No se trata de informatizar trámites, sino de hacer visible lo que hoy es opaco: ejecución presupuestaria, priorización del gasto, desempeño institucional. En San Marcos, la ausencia de sistemas interoperables impide demostrar —con datos— el aporte fiscal indirecto y las brechas reales de inversión. Sin evidencia, el territorio queda fuera del debate legislativo sustantivo.
Pregunta 2. ¿Qué marcos jurídicos existentes permiten avanzar sin crear leyes desde cero?
Respuesta: Guatemala ya dispone de instrumentos habilitantes: la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Contrataciones del Estado, la normativa de gobierno electrónico y los reglamentos de control interno. El problema es la falta de articulación reglamentaria y de estándares técnicos obligatorios. Con reformas puntuales —no necesariamente nuevas leyes— puede exigirse interoperabilidad, datos abiertos y auditoría digital territorial.
Pregunta 3. ¿Cómo se vincula la ciberseguridad con la gobernanza local?
Respuesta: Sin ciberseguridad no hay confianza pública. Los sistemas municipales manejan datos sensibles (tributarios, sociales, catastrales). La jurisprudencia comparada muestra que la protección de datos y la seguridad de la información son prerrequisitos para la transparencia. En San Marcos, una política digital sin ciberseguridad ampliaría riesgos legales y reputacionales; con ella, en cambio, se fortalece la legitimidad institucional.
Pregunta 4. ¿Qué actores deben involucrarse en iniciativas legislativas de este tipo?
Respuesta: Es un ecosistema. Participan municipalidades, ministerios sectoriales, órganos de control, academia, sector productivo, sociedad civil y cooperación internacional. El Congreso debe fungir como articulador normativo, no como productor aislado de leyes. La clave es un diseño participativo con reglas claras y métricas de impacto.
Pregunta 5. ¿Qué iniciativas concretas podrían impulsarse desde el Congreso?
Respuesta: Tres frentes: (i) mandatos de interoperabilidad y datos abiertos con enfoque territorial; (ii) fondos de transformación digital vinculados a desempeño y transparencia; (iii) estándares nacionales de ciberseguridad pública con auditorías periódicas. Estas medidas permiten visualizar el gasto, evaluar resultados y corregir asimetrías presupuestarias.
Conclusión
El diálogo evidencia que la transformación de San Marcos no depende de soluciones tecnológicas aisladas, sino de decisiones legislativas informadas que integren derecho, gestión pública y ciberseguridad. La gobernanza digital territorial emerge como instrumento ontológico del reconocimiento estatal: hace visible el aporte del territorio, ordena la acción institucional y reduce la discrecionalidad. Al articular marcos jurídicos existentes con estándares técnicos obligatorios y participación multisectorial, el Congreso puede habilitar reformas de alto impacto, sostenibles y medibles. En suma, digitalizar con seguridad y reglas claras no es un lujo; es la condición para una democracia territorial efectiva y un desarrollo equilibrado.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. (2021). Gobernanza digital y transparencia en América Latina. BID.
Congreso de la República de Guatemala. (2008). Ley de Acceso a la Información Pública. Decreto 57-2008.
Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU.
Organización de Estados Americanos. (2020). Ciberseguridad y políticas públicas en gobiernos subnacionales. OEA.