El departamento de San Marcos enfrenta una paradoja estructural: mientras la gestión pública exige cada vez mayor digitalización para eficiencia, transparencia y control del gasto, persisten brechas tecnológicas e institucionales que limitan la captación tributaria, la trazabilidad presupuestaria y la coordinación interinstitucional. Indicadores nacionales muestran que la inversión en transformación digital del sector público es inferior al promedio regional, con impactos directos en recaudación, compras públicas, seguridad de la información y prestación de servicios. Esta situación desarticula los esquemas de percepción actuales que reducen la ciberseguridad a un problema técnico, cuando en realidad constituye un pilar ontológico del Estado moderno: sin integridad digital, no hay gobernanza efectiva.
En territorios fronterizos y productivos como San Marcos, la ausencia de marcos normativos operativos para la protección de datos, la interoperabilidad segura y la gestión de riesgos digitales profundiza el déficit de confianza institucional, encarece la operación pública y erosiona la competitividad. La discusión legislativa debe, por tanto, integrar ciberseguridad y gobernanza digital como condiciones habilitantes del desarrollo presupuestario y la industrialización local.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Políticas Públicas
Desarrollo de la entrevista
Diálogo académico aplicado a la articulación de la transformación digital en San Marcos
Pregunta 1. Desde su experiencia, ¿por qué la ciberseguridad es un asunto de política pública territorial y no solo tecnológico?
Respuesta (José Ardón). La ciberseguridad define la capacidad del Estado para existir operativamente en la era digital. No se trata de firewalls, sino de confianza, continuidad y legalidad. En San Marcos, donde la coordinación entre municipalidades, ministerios y actores productivos es clave, la falta de estándares y controles digitales impide interoperar datos fiscales, sociales y de inversión. Eso fragmenta la planificación y diluye el impacto del presupuesto.
Pregunta 2. ¿Qué marcos jurídicos permiten articular iniciativas de ley en esta materia?
Respuesta. Existen bases en la legislación administrativa, contratación pública, transparencia y protección de la información. Sin embargo, se requiere armonización reglamentaria y leyes específicas que establezcan: gobierno de datos, seguridad por diseño, certificaciones mínimas y responsabilidades institucionales. Estas iniciativas deben tramitarse en el Congreso de la República de Guatemala con enfoque territorial, reconociendo particularidades fronterizas y productivas.
Pregunta 3. ¿Cómo impacta la ciberseguridad en la captación fiscal y el presupuesto?
Respuesta. Impacta directamente. Sistemas inseguros elevan la evasión, la duplicidad de registros y la opacidad en compras. La trazabilidad digital segura permite ampliar la base tributaria, reducir pérdidas y orientar mejor el gasto. Para San Marcos, esto significa retener valor mediante control logístico, fiscal y presupuestario, especialmente en comercio y servicios.
Pregunta 4. ¿Qué actores deben involucrarse para una solución integral?
Respuesta. Todos: municipalidades, ministerios sectoriales, SAT, sector productivo, academia y sociedad civil. La ciberseguridad es intersectorial. Sin estándares comunes y cooperación, cada actor optimiza su sistema aislado y el territorio pierde sinergias.
Pregunta 5. ¿Qué riesgos enfrenta San Marcos si no se legisla oportunamente?
Respuesta. Riesgos operativos, legales y reputacionales: interrupciones de servicios, filtraciones de datos, sanciones contractuales y pérdida de inversión. Además, se profundiza la desigualdad interdepartamental, porque los territorios con mayor madurez digital capturan más recursos y oportunidades.
Pregunta 6. ¿Qué propone a corto y mediano plazo?
Respuesta. A corto plazo, reglamentos técnicos vinculantes para seguridad e interoperabilidad en entidades públicas; a mediano plazo, una ley marco de gobernanza digital y ciberseguridad con enfoque territorial y presupuestos multianuales para capacidades locales.
Conclusión
La evidencia muestra que la ciberseguridad es una infraestructura invisible que sostiene la gobernanza, el presupuesto y el desarrollo. En San Marcos, su incorporación normativa y operativa permitiría articular actores, proteger recursos, mejorar la recaudación y elevar la calidad del gasto. La agenda legislativa debe abandonar la visión sectorial y adoptar una ontología del Estado digital, donde la seguridad de la información sea condición del equilibrio interdepartamental y del progreso social sostenible en Guatemala.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Gobernanza digital y ciberseguridad en el sector público. BID.
CEPAL. (2021). Transformación digital y desarrollo sostenible. Naciones Unidas.
OCDE. (2020). Digital security risk management. OECD Publishing.
Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU.