El departamento de San Marcos enfrenta un conjunto de brechas estructurales que trascienden lo económico y lo social, situándose hoy en el núcleo de un problema contemporáneo: la asimetría digital institucional. En Guatemala, menos del 40 % de las municipalidades cuentan con sistemas digitales integrados de gestión administrativa, y apenas un 25 % aplica protocolos básicos de seguridad informática en el manejo de datos públicos. Esta realidad se agrava en departamentos fronterizos, donde la captación fiscal indirecta, la movilidad poblacional y la informalidad económica generan mayores riesgos de opacidad, ineficiencia y captura institucional.
Desde una perspectiva ontológica del Estado, la ausencia de gobernanza digital no es solo una deficiencia técnica, sino una forma moderna de exclusión territorial. La incapacidad de integrar datos, proteger información pública y articular decisiones basadas en evidencia limita la formulación de políticas públicas, debilita la confianza ciudadana y obstaculiza la posibilidad de reformas legislativas estructurales. En este contexto, la ciberseguridad y la arquitectura digital del sector público se convierten en condiciones habilitantes del desarrollo, especialmente para territorios históricamente subfinanciados como San Marcos.
Con el objetivo de profundizar en esta problemática, se desarrolla el presente artículo en formato de diálogo académico con el Licenciado en Informática José Miguel Ardón López (José Ardón), experto en ciberseguridad y diseño de políticas públicas, abordando el marco jurídico vigente, los vacíos normativos y las oportunidades legislativas para articular iniciativas de ley en el Congreso de la República de Guatemala que permitan una transformación institucional con enfoque territorial.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Políticas Públicas
Desarrollo de la entrevista
Pregunta 1. Desde su experiencia, ¿por qué la ciberseguridad debe considerarse un eje estratégico del desarrollo territorial?
Respuesta. Porque hoy el poder público se ejerce, administra y fiscaliza a través de sistemas de información. Cuando un territorio carece de infraestructura digital segura, pierde capacidad de gobernanza. En departamentos como San Marcos, esto se traduce en baja trazabilidad del gasto, débil control interno y limitada capacidad para demostrar necesidades reales ante el nivel central. La ciberseguridad es, en términos ontológicos, una extensión del principio de legalidad y de la seguridad jurídica.
Pregunta 2. ¿Qué marco jurídico permite hoy impulsar reformas en esta materia?
Respuesta. Guatemala cuenta con bases normativas dispersas pero funcionales: la Constitución Política establece los principios de legalidad, transparencia y eficiencia administrativa; la Ley de Acceso a la Información Pública exige resguardo adecuado de los datos; y los reglamentos de control interno de la Contraloría General de Cuentas obligan a proteger la información estatal. Sin embargo, no existe una ley marco de gobernanza digital ni de ciberseguridad pública, lo que abre una oportunidad legislativa clara.
Pregunta 3. ¿Cómo se relaciona esta ausencia normativa con el rezago presupuestario de San Marcos?
Respuesta. Directamente. Sin sistemas confiables, el territorio no puede producir evidencia robusta de su aporte económico, de su carga social ni de sus déficits acumulados. Esto perpetúa esquemas de percepción centralistas donde San Marcos aparece como receptor pasivo y no como generador de valor. La digitalización segura permitiría sustentar técnicamente reformas presupuestarias diferenciadas.
Pregunta 4. ¿Qué actores deberían involucrarse en una iniciativa de ley de este tipo?
Respuesta. Debe ser multisectorial. El Congreso, por supuesto, pero también el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación, las municipalidades, el sector productivo, la academia y la sociedad civil. La ciberseguridad no es un asunto policial; es una política pública transversal que impacta recaudación, inversión, servicios y derechos.
Pregunta 5. ¿Existen riesgos de implementar tecnología sin un enfoque adecuado?
Respuesta. Sí. El mayor riesgo es reproducir desigualdad digital. Si se imponen sistemas sin financiamiento, capacitación ni adaptación territorial, se profundiza la brecha. Por eso la ley debe contemplar fondos específicos, gradualidad y diferenciación territorial, especialmente para departamentos fronterizos como San Marcos.
Pregunta 6. ¿Cómo se articula esto con la Agenda 2030?
Respuesta. De manera directa. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren datos, indicadores y monitoreo. Sin plataformas seguras, los ODS se convierten en retórica. La gobernanza digital es el soporte técnico del desarrollo sostenible.
Conclusión
El análisis desarrollado confirma que la brecha digital institucional en San Marcos no es un fenómeno aislado, sino parte de una estructura de exclusión territorial reproducida por el diseño normativo y presupuestario del Estado. La ciberseguridad, entendida como política pública, emerge como un instrumento estratégico para reconfigurar la relación entre territorio, ley y desarrollo. Articular iniciativas legislativas en esta materia permitiría fortalecer la transparencia, justificar reformas fiscales diferenciadas y dotar a las municipalidades de herramientas reales de gobernanza.
Desde una perspectiva doctoral, el desafío no es tecnológico, sino ontológico: reconocer que sin infraestructura digital segura no hay Estado efectivo en el territorio. San Marcos, por su condición fronteriza y productiva, ofrece un escenario piloto para avanzar hacia una reforma legislativa que integre derecho, tecnología y desarrollo humano, contribuyendo al equilibrio interdepartamental y a la modernización institucional de Guatemala.
Referencias
Banco Mundial. (2022). Digital governance and public sector reform. Washington, DC.
CEPAL. (2021). Gobernanza digital y desarrollo sostenible en América Latina. Santiago de Chile.
Congreso de la República de Guatemala. (2023). Marco normativo de transparencia y control público. Guatemala.
Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York.