El departamento de San Marcos enfrenta una paradoja estructural que desarticula los esquemas tradicionales de percepción del desarrollo territorial en Guatemala. A pesar de su condición fronteriza estratégica, su aporte económico indirecto y su peso demográfico, San Marcos se sitúa persistentemente por debajo del promedio nacional en inversión pública per cápita, cobertura efectiva de servicios y ejecución de políticas públicas integrales. Indicadores oficiales muestran que departamentos con menor contribución productiva concentran mayores asignaciones presupuestarias, mientras que territorios como San Marcos presentan rezagos acumulados en infraestructura social, seguridad jurídica, digitalización institucional y acceso equitativo a derechos.
Este escenario no puede explicarse únicamente desde la escasez de recursos, sino desde una fractura legislativa e institucional que limita la capacidad del territorio para incidir en el diseño normativo nacional. La ausencia de marcos legales diferenciados para departamentos fronterizos, la debilidad de los mecanismos de coordinación interinstitucional y la falta de instrumentos jurídicos modernos —especialmente en materia digital y de seguridad de la información— profundizan la brecha entre el Estado central y los gobiernos locales. En este contexto, la articulación de iniciativas de ley con enfoque territorial emerge como una condición indispensable para reequilibrar el desarrollo y cumplir los compromisos de desarrollo del estado de Guatemala con la gente, organismos internacionales y tratados internacionales ratificados.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Políticas Públicas
Desarrollo de la entrevista
Diálogo académico aplicado a la articulación de Reforma legislativa territorial y gobernanza institucional en San Marcos
Pregunta: Desde su experiencia en ciberseguridad y diseño de políticas públicas, ¿cómo evalúa el marco jurídico actual para impulsar reformas territoriales en San Marcos?
José Miguel Ardón López: El marco jurídico guatemalteco posee instrumentos valiosos, como la Constitución Política, la Ley de Consejos de Desarrollo y el Código Municipal; sin embargo, su aplicación ha sido homogénea y centralista. Para un territorio como San Marcos, esto implica que no se reconoce normativamente su condición fronteriza ni su complejidad socioeconómica. Desde una perspectiva técnica, la ley existe, pero carece de mecanismos reglamentarios que permitan traducirla en políticas diferenciadas y sostenibles.
Pregunta: ¿Qué papel juega la jurisprudencia en la construcción de estas reformas?
José Miguel Ardón López: La jurisprudencia constitucional ha establecido principios clave como la autonomía municipal, la descentralización administrativa y la supremacía del interés público. No obstante, estos principios no se han operacionalizado mediante leyes secundarias ni reglamentos técnicos. En la práctica, esto genera un vacío que limita a los municipios y a los departamentos para ejercer plenamente sus competencias. La jurisprudencia debería ser utilizada como fundamento para iniciativas de ley que fortalezcan la planificación territorial, la gestión presupuestaria multianual y la seguridad jurídica de las inversiones públicas.
Pregunta: ¿Cómo se integra la ciberseguridad y la transformación digital en este proceso legislativo?
José Miguel Ardón López: La transformación digital es un eje transversal. Sin marcos normativos que garanticen la seguridad de la información, la interoperabilidad institucional y la protección de datos, cualquier reforma territorial queda incompleta. En San Marcos, la digitalización podría mejorar la recaudación municipal, la transparencia presupuestaria y la coordinación entre instituciones. Pero esto requiere leyes claras, reglamentos técnicos y capacidades locales. La ciberseguridad no es solo un tema tecnológico, sino un componente de gobernanza y confianza institucional.
Pregunta: ¿Quiénes son los actores clave que deben participar en estas iniciativas de ley?
José Miguel Ardón López: El enfoque debe ser integral. El Congreso de la República, a través de sus comisiones legislativas, es fundamental, pero no suficiente. Deben involucrarse las municipalidades, los consejos de desarrollo, el sector productivo, las organizaciones sociales, la academia y la cooperación internacional. Cada actor aporta una visión complementaria. La ausencia de cualquiera de ellos debilita la legitimidad y la viabilidad de la reforma.
Pregunta: ¿Qué riesgos existen si no se avanza en una reforma legislativa con enfoque territorial?
José Miguel Ardón López: El principal riesgo es la reproducción de la desigualdad estructural. Sin reformas, San Marcos continuará siendo un territorio que aporta más de lo que recibe, con altos costos sociales: migración, informalidad, debilidad institucional y desconfianza ciudadana. Desde una perspectiva de política pública, no reformar es una decisión que perpetúa el subdesarrollo y compromete la cohesión nacional.
Conclusión
La experiencia analizada evidencia que el desarrollo de San Marcos no está limitado por la ausencia de leyes, sino por la falta de articulación legislativa con enfoque territorial, digital y de seguridad institucional. La jurisprudencia vigente ofrece bases sólidas para impulsar reformas, pero estas deben traducirse en iniciativas concretas que reconozcan la diversidad departamental y fortalezcan la autonomía local. Integrar la ciberseguridad, la transformación digital y la planificación multianual en el diseño normativo permitiría cerrar brechas históricas y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado. En última instancia, la reforma legislativa territorial no es solo una demanda local, sino una condición para la sostenibilidad democrática y económica del Estado guatemalteco.
Referencias
Congreso de la República de Guatemala. (2023). Leyes vigentes sobre descentralización y desarrollo. Guatemala.
Corte de Constitucionalidad. (2022). Jurisprudencia sobre autonomía municipal. Guatemala.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). Informe nacional de desarrollo humano Guatemala. PNUD.
Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Gobernanza territorial y descentralización fiscal en América Latina. BID.