El departamento de San Marcos enfrenta una paradoja estructural que desarticula los esquemas tradicionales de percepción sobre desarrollo territorial en Guatemala: aporta valor económico, social y estratégico —especialmente por su condición fronteriza—, pero recibe una asignación presupuestaria persistentemente inferior a su peso demográfico y funcional. Indicadores oficiales muestran que la inversión pública per cápita en San Marcos se sitúa entre 25% y 35% por debajo del promedio nacional, mientras que más del 70% de los ingresos municipales dependen de transferencias centrales, limitando la autonomía local. Esta brecha no es coyuntural; es ontológica: el territorio es concebido como periferia administrativa antes que como sujeto político-productivo.
En este contexto, la articulación de iniciativas de ley que permitan corregir la desigualdad presupuestaria requiere una mirada interdisciplinaria que integre jurisprudencia, diseño de políticas públicas y ciberseguridad institucional. Para ello, se desarrolla el presente artículo en formato de diálogo académico con el Licenciado en Informática José Miguel Ardón López, especialista en ciberseguridad y diseño de políticas públicas, con el objetivo de visualizar rutas normativas viables ante el Congreso de la República de Guatemala y analizar, de forma integral, a los actores estatales, municipales, productivos y sociales involucrados.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Políticas Públicas
Entrevista con Experto
Diálogo académico aplicado a la reforma territorial
Pregunta: Desde una perspectiva técnico-institucional, ¿cuál es el principal obstáculo para una reforma presupuestaria territorial en San Marcos?
José Miguel Ardón López:
El obstáculo central no es la falta de recursos, sino la arquitectura normativa centralista. El presupuesto público en Guatemala responde a una lógica sectorial y anual que invisibiliza el territorio como unidad de planificación. La jurisprudencia constitucional reconoce principios de equidad y descentralización, pero estos no se traducen en mecanismos operativos. San Marcos es un caso emblemático: contribuye al sistema económico nacional, pero carece de instrumentos legales que aseguren el retorno fiscal territorial.
Pregunta: ¿Qué leyes y reglamentos ofrecen una base para articular iniciativas de ley en esta materia?
José Miguel Ardón López:
Existen pilares normativos claros: la Constitución Política, el Código Municipal, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El problema es su aplicación fragmentada. Una iniciativa viable debe armonizar estos cuerpos legales para introducir criterios de asignación presupuestaria basados en población, aporte económico, pobreza estructural y condición fronteriza. La jurisprudencia comparada demuestra que la ley puede reconocer asimetrías territoriales sin romper el principio de unidad del Estado.
Pregunta: ¿Cómo se vincula la ciberseguridad con la reforma presupuestaria y la gobernanza territorial?
José Miguel Ardón López:
La ciberseguridad es un habilitador institucional. Sin sistemas de información seguros, interoperables y auditables, cualquier reforma carece de credibilidad. La trazabilidad del gasto, la protección de datos fiscales y la transparencia digital son condiciones para que el Congreso, las municipalidades y la ciudadanía confíen en nuevos esquemas presupuestarios. En San Marcos, fortalecer la infraestructura digital permitiría medir impactos reales y reducir la discrecionalidad política.
Pregunta: ¿Qué actores deben ser considerados en una reforma integral?
José Miguel Ardón López:
Todos. El Congreso como órgano legislador; el Ministerio de Finanzas Públicas y SEGEPLAN en la planificación; las municipalidades como ejecutoras directas; el sector productivo local; y la sociedad civil organizada. Una reforma sin consenso multisectorial fracasa. Ontológicamente, el territorio no es un beneficiario pasivo, sino un co-diseñador de política pública.
Pregunta: ¿Qué impacto tendría una reforma bien articulada a mediano plazo?
José Miguel Ardón López:
Un impacto sistémico. En un horizonte de 10 a 15 años, San Marcos podría cerrar brechas en infraestructura, reducir migración forzada y mejorar indicadores de desarrollo humano. Además, se convertiría en un modelo replicable para otros departamentos subfinanciados, contribuyendo al equilibrio interdepartamental y a la cohesión nacional.
Conclusión
El análisis evidencia que la desigualdad presupuestaria en San Marcos no es resultado de ineficiencia local, sino de un diseño normativo que no reconoce la diversidad territorial. La articulación de iniciativas de ley ante el Congreso, sustentadas en jurisprudencia vigente, datos verificables y sistemas digitales seguros, constituye una ruta técnica y políticamente viable. Integrar ciberseguridad, transparencia y planificación territorial no es accesorio: es condición ontológica para que el Estado reconozca al territorio como sujeto pleno de derechos y responsabilidades. San Marcos, lejos de ser una excepción, representa el punto de partida para una reforma estructural del modelo presupuestario guatemalteco.
Referencias
Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto. Guatemala.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022). Informe Nacional de Desarrollo Humano Guatemala. PNUD.
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. (2021). Lineamientos de planificación territorial. SEGEPLAN.
Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). Descentralización fiscal y desarrollo territorial en América Latina. BID.