El departamento de San Marcos enfrenta una paradoja estructural: mientras los flujos económicos, migratorios y comerciales se intensifican por su condición fronteriza, la capacidad digital del Estado territorial permanece rezagada. Indicadores recientes muestran brechas persistentes en conectividad institucional, interoperabilidad de datos y ciberseguridad municipal; estas fallas desarticulan la percepción dominante que atribuye el atraso a factores culturales y no a déficits de arquitectura normativa y tecnológica. En Guatemala, menos de la mitad de las municipalidades cuenta con políticas formales de gestión de la información, y la adopción de estándares de seguridad es heterogénea. Este escenario erosiona la planificación, debilita la recaudación y frena el cumplimiento de metas de desarrollo sostenible. Bajo este marco, la transformación digital deja de ser un asunto técnico para convertirse en objeto de jurisprudencia, política pública y gobernanza. El presente artículo explora, mediante un formato dialógico, cómo articular iniciativas de ley en el Congreso de la República que habiliten un ecosistema digital seguro, interoperable y territorialmente pertinente para San Marcos.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Políticas Públicas
Desarrollo de la entrevista
Diálogo académico aplicado a la articulación de decisiones legislativas informadas por jurisprudencia y evidencia en San Marcos
Pregunta 1. Desde una perspectiva de políticas públicas, ¿por qué la transformación digital es un asunto ontológico del territorio?
José Miguel Ardón López. Porque define cómo existe el Estado en el territorio. Sin sistemas interoperables, el Estado aparece fragmentado; sin ciberseguridad, se vuelve vulnerable; y sin datos confiables, gobierna a ciegas. En San Marcos, la digitalización debe reconocer la condición fronteriza y productiva, integrando información fiscal, social y de seguridad para decisiones coherentes.
Pregunta 2. ¿Qué marco jurídico permite avanzar hoy sin crear vacíos normativos?
Respuesta. Guatemala ya dispone de bases suficientes: la Constitución establece principios de legalidad y eficiencia; la Ley del Organismo Ejecutivo habilita la coordinación interinstitucional; la Ley de Acceso a la Información Pública exige gestión documental y transparencia; la Ley de Contrataciones del Estado permite adquisiciones tecnológicas bajo criterios de eficiencia; y la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas sustenta la validez jurídica de procesos digitales. Lo pendiente es armonizar reglamentos y crear mandatos de interoperabilidad y seguridad.
Pregunta 3. ¿Qué iniciativas legislativas serían prioritarias para San Marcos?
Respuesta. Tres: (i) Ley de Interoperabilidad del Estado con enfoque territorial; (ii) Marco Nacional de Ciberseguridad con obligaciones mínimas para municipalidades; y (iii) Presupuestos multianuales TIC para territorios estratégicos. Estas normas permitirían planificar inversiones, reducir duplicidades y proteger datos críticos.
Pregunta 4. ¿Cómo se integra la jurisprudencia comparada en estas propuestas?
Respuesta. La jurisprudencia latinoamericana muestra que la digitalización sin seguridad viola derechos. Incorporar principios de protección de datos, debida diligencia tecnológica y responsabilidad administrativa evita litigios y fortalece la confianza pública. No es copiar modelos, es adaptar estándares al contexto local.
Pregunta 5. ¿Qué actores deben participar para evitar capturas sectoriales?
Respuesta. Un enfoque de cuádruple hélice: Ejecutivo (ministerios sectoriales), Legislativo (comisiones de modernización y finanzas), gobiernos locales (asociaciones municipales) y sector productivo/academia. La sociedad civil aporta control social. Sin esta convergencia, la ley nace incompleta.
Pregunta 6. ¿Cuál es el rol de la ciberseguridad en la recaudación y el desarrollo?
Respuesta. Central. Sistemas tributarios locales inseguros pierden ingresos y credibilidad. La ciberseguridad protege la base fiscal, habilita pagos electrónicos y reduce informalidad. En San Marcos, esto puede traducirse en mayor inversión social.
Pregunta 7. ¿Cómo se vincula esto con la Agenda 2030?
Respuesta. La digitalización segura acelera ODS clave: instituciones sólidas, educación, salud y trabajo decente. Sin datos y seguridad, los ODS quedan en retórica.
Conclusión
La transformación digital territorial en San Marcos exige decisiones legislativas informadas por jurisprudencia y evidencia. El diálogo con José Miguel Ardón López revela que el problema no es la ausencia de leyes, sino su desarticulación y la falta de mandatos operativos. Avanzar implica reconocer la digitalización como infraestructura de derechos, dotar a municipalidades de seguridad y datos, y establecer presupuestos multianuales que sostengan la reforma. Así, San Marcos puede convertirse en piloto nacional de gobernanza digital con impacto fiscal, social y democrático.
Referencias
Congreso de la República de Guatemala. (2008). Ley de Acceso a la Información Pública.
Congreso de la República de Guatemala. (2003). Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas.
Organización de las Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Gobernanza digital y ciberseguridad en gobiernos subnacionales.