El departamento de San Marcos se encuentra en una encrucijada estructural donde convergen rezago presupuestario, débil articulación institucional y ausencia de mecanismos tecnológicos vinculantes para la planificación pública. Indicadores nacionales muestran que los departamentos fronterizos presentan una inversión pública per cápita entre 25 % y 35 % inferior al promedio nacional, mientras concentran mayores cargas sociales y económicas. A ello se suma que más del 70 % de las municipalidades dependen del situado constitucional, sin capacidad real de planificación multianual ni trazabilidad del gasto.
Este escenario revela un problema más profundo que el meramente financiero: una crisis de percepción institucional. El territorio sigue siendo comprendido como receptor pasivo de transferencias y no como sujeto activo de gobernanza, capaz de generar, administrar y evaluar políticas públicas basadas en evidencia. La fragmentación de datos, la débil interoperabilidad entre instituciones y la inexistencia de sistemas de control digital impiden traducir reformas legales en impactos reales sobre la calidad de vida.
En este contexto, el diseño de políticas públicas apoyadas en ciberseguridad, gobernanza digital y jurisprudencia aplicable se vuelve un eje desarticulador de los esquemas tradicionales. Para profundizar en esta transformación, se desarrolla el presente artículo en formato de diálogo académico con el Licenciado en Informática José Miguel Ardón López, experto en ciberseguridad y diseño de políticas públicas, con énfasis en cómo articular iniciativas de ley en el Congreso de la República de Guatemala que permitan materializar un nuevo modelo territorial para San Marcos.
José Ardón
Experto en Ciberseguridad y Políticas Públicas
Desarrollo de la entrevista
Pregunta 1. Desde una perspectiva tecnológica y jurídica, ¿cuál es la principal limitación institucional que enfrenta San Marcos?
Respuesta. La principal limitación es la ausencia de infraestructura digital normativa. Guatemala cuenta con leyes dispersas en materia de administración pública, transparencia y control, pero no existe un marco vinculante que obligue a las instituciones a interoperar datos, protegerlos y utilizarlos para planificación territorial. Sin sistemas seguros de información, cualquier reforma presupuestaria queda en el plano declarativo.
Pregunta 2. ¿Cómo se vincula la ciberseguridad con la gobernanza territorial?
Respuesta. La ciberseguridad no es solo protección tecnológica; es garantía institucional. Cuando un municipio o un ministerio no puede asegurar la integridad de sus datos, pierde capacidad de decisión. En territorios como San Marcos, la falta de plataformas seguras impide consolidar información fiscal, social y productiva que sustente iniciativas de ley diferenciadas. Sin confianza digital, no hay política pública efectiva.
Pregunta 3. ¿Qué marcos legales permiten articular estas transformaciones?
Respuesta. Existen bases en la Constitución, en la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Consejos de Desarrollo y la normativa de acceso a la información. Sin embargo, requieren reformas técnicas que incorporen principios de gobierno digital, interoperabilidad obligatoria y seguridad de la información como deber del Estado. Estas reformas pueden impulsarse desde el Congreso mediante iniciativas que reconozcan la especificidad territorial.
Pregunta 4. ¿Qué actores deben involucrarse en este proceso legislativo?
Respuesta. Todos. El Ejecutivo, las municipalidades, el sector privado, la academia y la sociedad civil. En San Marcos, los alcaldes necesitan herramientas digitales para planificar; el sector productivo requiere certeza jurídica y tecnológica; y la ciudadanía demanda transparencia. La ley debe ser el punto de convergencia de estos intereses, no un instrumento aislado.
Pregunta 5. ¿Cómo se traduce esto en equilibrio presupuestario interdepartamental?
Respuesta. Con datos confiables. Si el Congreso cuenta con sistemas que muestren en tiempo real el aporte fiscal indirecto, la carga social y el impacto de la inversión, puede asignar recursos con criterios objetivos. La tecnología permite desmontar la percepción de que ciertos territorios “consumen más de lo que aportan”, cuando en realidad aportan sin retorno.
Pregunta 6. ¿Qué rol juega la seguridad jurídica en este modelo?
Respuesta. Es central. La ciberseguridad institucional protege no solo datos, sino decisiones públicas. Un sistema vulnerable abre la puerta a manipulación, corrupción y desconfianza. Un sistema seguro fortalece la legalidad, facilita auditoría y legitima la acción del Estado ante los ciudadanos y los inversionistas.
Pregunta 7. ¿Cuál sería el impacto social esperado para San Marcos?
Respuesta. Un impacto estructural. Con gobernanza digital segura, se pueden planificar inversiones multianuales, reducir duplicidades institucionales y focalizar recursos en salud, educación e infraestructura. Esto mejora la calidad de vida y reduce migración, porque el territorio deja de ser invisible para el Estado.
Conclusión
El diálogo evidencia que el rezago de San Marcos no es consecuencia de incapacidad local, sino de déficits sistémicos en el diseño institucional del Estado. La articulación entre jurisprudencia, tecnología y política pública emerge como condición necesaria para transformar la asignación presupuestaria y la gobernanza territorial. La ciberseguridad, lejos de ser un asunto técnico marginal, se posiciona como pilar de la legalidad, la transparencia y la equidad interdepartamental.
La incorporación de estos enfoques en iniciativas de ley permitiría al Congreso transitar de decisiones basadas en percepciones a políticas sustentadas en evidencia verificable. San Marcos puede convertirse así en modelo piloto de modernización institucional, demostrando que el equilibrio territorial es alcanzable cuando el Estado reconoce, protege y gestiona digitalmente su diversidad.
Referencias
- CEPAL. (2022). Desigualdad territorial y desarrollo sostenible en América Latina. Santiago: CEPAL.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto. Guatemala.
- PNUD. (2023). Informe Nacional de Desarrollo Humano Guatemala. Guatemala: PNUD.
- World Bank. (2022). Digital Governance and Public Sector Reform. Washington, DC: World Bank.